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Por segunda vez, la jueza en lo Contencioso y Administrativo Federal María Alejandra Biotti rechazó un amparo presentado por el senador del Pro Luis Juez, quien reclama integrar el Consejo de la Magistratura en lugar del kirchnerista Martín Doñate.
La magistrada ya había rechazado en noviembre pasado una medida cautelar anterior del legislador, basándose en que no había “urgencia” por la vulneración de un derecho y que la Corte Suprema ya estaba interviniendo en el expediente.
Ahora, en una resolución de casi 20 páginas, la jueza sostuvo -para fundar el rechazo- que la Ley 24.937, que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, guarda “silencio” sobre en el momento en que se deben tomar los bloques y las mayorías.
“La alusión a los bloques que conforman la mayoría y las dos primeras minorías remite necesariamente al derecho parlamentario que cada cámara dicta a tal efecto, y no al resultado de elección legislativa alguna”, consideró Biotti.
Además, indicó que “la Corte Suprema de la Nación, como cabeza del Poder Judicial de la Nación e intérprete final de la Constitución Nacional, se encuentra en condiciones de dar una solución a la presente controversia”.
El 8 de noviembre pasado, la Corte le dio la razón a Luis Juez sobre el reclamo que había iniciado en mayo, cuando se enviaron los representantes por la Cámara alta al Consejo, tras la reinstalación de la ley de 1997, que establecía una composición de 20 miembros en el órgano encargado de la selección y remoción de jueces. En esa ocasión, el oficialismo partió en dos el bloque del Frente de Todos para arrebatarle al Pro la condición de segunda minoría.
A los pocos días de ese fallo, el interbloque Frente de Todos en el Senado ratificó que enviaría al Consejo un senador por el Frente Nacional y Popular, otro por la UCR y otro por Unidad Ciudadana para los mandatos del período 2022-2026. A raíz de ello, Juez fue nuevamente a la Justicia. Incluso, el decreto con los nombramientos de Mariano Recalde (FNyP-FdT), Eduardo Vischi (UCR) y Martín Doñate (UC-FdT) fue refrendado en el recinto el 16 de noviembre por el oficialismo y sus aliados.
“Los coactores solicitaron su nombramiento para poder cumplir el tiempo restante del período 2018-2022, y fue en esos términos que su amparo recibió acogida favorable por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ende, no existió referencia alguna al período 2022-2026, lo cual tampoco podría haber ocurrido sin violentar el principio de congruencia”, señaló Biotti.
Así las cosas, nuevamente la Corte Suprema tendrá la última palabra en la controversia que generó una fuerte pelea entre oficialismo y oposición durante todo este año.
