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Denuncias, pedido de cuarto intermedio y picos de tensión. Así fue el inicio en la Cámara de Senadores del tratamiento de los proyectos de la ley de Bases y el paquete fiscal -con media sanción de Diputados- en un plenario de comisiones a la que asistieron funcionarios del Ejecutivo a explicar los puntos centrales de ambas iniciativas, entre ellos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, hombre clave del oficialismo a la hora de tejer puentes de consenso con los bloques dialoguistas.
Al encuentro, que se extendió por casi seis horas en el Salón Azul, asistieron también el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia de la Nación, María Ibarzábal Murphy. También participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Previo a la exposición de los invitados, en nombre de Unión por la Patria el jefe de la bancada, José Mayans, volvió a reclamar por la constitución de las comisiones de forma “incorrecta” tanto en Diputados como en Senadores. “Seguimos reclamando el tema de la composición que nos corresponde por la representación que tenemos y se ha violado eso”, planteó y postuló para completar la integración de las autoridades de la Comisión de Asuntos Constitucionales a la tucumana Sandra Mendoza, para Legislación General al pampeano Daniel Bensusán y para Presupuesto y Hacienda al puntano Fernando Salino.
Además, el formoseño propuso que asistan a las reuniones de comisión “una lista de gente que nos ha pedido participar por la magnitud que tienen estas leyes que vienen de Diputados y que necesitamos escuchar todas las voces”. Así, propuso hacerlo los días martes, miércoles y jueves de la próxima semana para “escuchar las consideraciones que hacen esos sectores”.
El salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) sugirió a la oposición que armen la lista y esta misma semana se la envíen al presidente de la comisión para “decidir cómo vamos a sesionar los días sucesivos y se puedan incorporar esas personas. Si no alcanza el tiempo se postergará, pero para no dejar todo para la semana que viene y podamos seguir en diálogo adhiriendo a la necesidad de que se incorporen otras personas”.
“Nosotros no somos jueces de la sanción de Diputados por lo tanto debemos trabajar con lo que nos remitió. No podemos interrumpir un tratamiento dudando de la remisión de la Cámara. No corresponde que seamos jueces de los despachos. No debe afectar la veracidad que nos mandaron”, expresó Romero.
La vicejefa del bloque UP, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, le respondió y afirmó que están trabajando en los listados para enviarlo las comisiones y puedan ser citados.
Por su parte, el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider, expresó: “Es un tema que va a requerir una amplia discusión como en Diputados y problemas como los que estamos viendo y hay que resolver antes de que sea aprobado. Así como no somos jueces tampoco somos escribanía”, y preguntó: “Quería preguntarle al Gobierno si pretende que en este Senado este tema quiere que se vote a libro cerrado o si van a habilitar las propuestas y discusión que proponen los distintos senadores”.
“De ninguna manera se va a hacer a libro cerrado, estamos en plenario para que cada uno exprese sus ideas”, le respondió Abdala.
El clima de la reunión se caldeó cuando los senadores de Unión por la Patria denunciaron que el texto que estaban tratando “no” era el mismo que se votó en Diputados, a instancias de la advertencia que más temprano hizo el jefe del bloque en la Cámara baja, Germán Martínez. A eso se sumó el ingreso de dos fe de erratas sobre dos artículos que fue calificado por la oposición dura como “ilegal y trucho”.
También trajeron sobre la mesa la denuncia que varios diputados hicieron respecto del sentido de sus votos en la sesión donde ambas iniciativas tuvieron media sanción. Al respecto, desde el espacio insistieron con pasar a un cuarto intermedio para solucionar esas cuestiones, pero el pedido fue desestimado.
La palabra de los funcionarios
El primero en intervenir fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien dio una breve introducción de la ley Bases y explicó que “si uno recorre los 40 años de historia democrática, cada nuevo gobierno tuvo que resolver problemas heredados”. En esa línea sostuvo que “el presidente (Javier) Milei se encontró con la peor crisis de la historia de la democracia”.
Además, el funcionario explicó ante los senadores los títulos referidos al RIGI, la reforma del Estado, las empresas estatales a privatizar y los cambios en el sistema previsional. También tuvo un fuerte cruce con el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans.
FOTO: Comunicación Senado
A su turno, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, explicó: “El título 1 son las declaraciones de emergencia son solo en cuatro materias, económica, financiera, administrativa y energética por el plazo de un año”, y comparó: “En la versión original eran 11 emergencias por un año”.
Sobre la reforma del Estado en el título 2 precisó: “Lo que pedimos al Congreso es una facultad para poder reorganizar los organismos descentralizados del Ejecutivo. La idea es poder seguir cumpliendo con la política pública de cada uno de estos organismos de una forma más eficiente con un Estado financiable por el resto de la sociedad. Estos organismos han crecido en los últimos años de forma desmedida. El camino que planteamos es el que iniciamos con INADI de poder centralizar algunas funciones, continuar la política pública desde los ministerios”.
Al hablar de los Fondos Fiduciarios señaló que “fue un tema que tomó relevancia en los últimos meses y el objetivo es ir contra el vehículo porque entendemos que los fondos fiduciarios escapan a muchos mecanismos de control del Estado y en los últimos años tuvieron muchos problemas”.
En el tema privatizaciones, Rolandi indicó: “El consenso que conseguimos es focalizar en las 11 empresas que generan el mayor déficit para el Estado y la sociedad. Esto lo abrimos en tres categorías basándonos en la ley de privatizaciones del 89 las empresas sujetas a concesión, empresas sujetas a privatización total y dos empresas que quedaron a la incorporación de capital privado, pero el Estado tiene la mayoría accionaria y el control”.
Respecto de los cambios laborales, sostuvo que es para “volver a dotar al Ejecutivo de herramientas para seguir en un proceso de lograr un Estado más financiable para el resto de la sociedad y más eficiente”.
Según Rolandi, la moratoria laboral “fue un pedido de varios sectores” y es algo que “impacta fuertemente en las PyMEs y el sector productivo para poder regularizar muchos trabajadores”.
FOTO: Comunicación Senado
Por último, se refirió al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) y planteó que el objetivo es “promover grandes inversiones que son proyectos de larga maduración, donde los ingresos durante los 3 años no superan el umbral del 30% respecto de los montos de las inversiones de ese proyecto. El Ejecutivo propone beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para atraerlos y competir con los que existen en el mundo. Buscamos generar empleo, actividad y cubrir al FISCO de no resignar ingresos”.
“El RIGI nos fija un norte porque es diferente al que hoy existe. Lo que queremos lograr es que el régimen general impositivo argentino se vaya acercando a lo que proponemos como RIGI”, agregó y cerró: “El paquete fiscal viene a atacar la coyuntura, poder dotar al FISCO de recursos para poder seguir manteniendo el equilibrio fiscal de forma sostenible, hoy es un esfuerzo para la sociedad y el sector productivo, pero a medida que vayamos acomodando las cuentas y solidez fiscal vamos a proponer una reforma impositiva que reduzca impuestos y carga tributaria para que el régimen general converge con el RIGI”.
Al cierre de su presentación, Rolandi se refirió a la polémica ley del tabaco: “Estaba el dictamen anterior por pedido de varios bloques entendemos que fue votado afirmativamente y es parte de la media sanción. Eliminamos el impuesto mínimo que está objetado en la justicia por un sector de la industria y genera una carga impositiva desigual al sector y proponemos reemplazarlo por un único impuesto del 73% que solucionaría el problema de evasión y nivelaría”.
Luego, María Ibarzábal Murphy, titular de Planeamiento Estratégico, detalló en profundidad los artículos que refieren a la reforma del Estado y señaló que la administración pública “no puede ser regida por funcionamientos del siglo pasado”.
En línea con los fundamentos de la ley en cuestión, la funcionaria refirió que “existe una estructura sobredimensionada y deficitaria con procedimientos largos y engorrosos”. También indicó que “las tramitaciones se dilatan excesivamente sin razón, no se respetan los tiempos estipulados en la ley y el agotamiento de la vía administrativa busca incentivar la función pública”.
Por último, afirmó que las modificaciones “promueven la participación ciudadana en la formación de decisiones a través de mecanismos de consulta pública”, y agregó que “se incorpora un artículo para reglar los estándares que esos procedimientos deben tener en materia de tarifas y servicios públicos”.
A la hora de las preguntas, los senadores Martín Lousteau (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (UP) pusieron el foco sobre el tema del RIGI. La mendocina puntualmente señaló que el artículo 163 “claramente viola la Constitución y la autonomía de las provincias” y procedió a leer detalladamente el mismo y marcó los aspectos contradictorios y “anticonstitucionales”.
Por su parte, el fueguino Pablo Blanco (UCR) adelantó que no votará a favor de la delegación de facultades porque “nunca lo hice y este Gobierno no me genera confianza porque no están dispuestos a cumplir con la Constitución y se vio con el DNU. La delegación de facultades son cosas excepcionales”.
