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El oficialismo retomó este martes el cuarto intermedio para continuar el debate por la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos con más de una veintena de expositores invitados, algunos de ellos quedaron pendientes del encuentro que se realizó este lunes.
El plenario se reanudó a las 14.27 en el Salón Azul, en una jornada en la que el ministro del Interior, Guillermo Francos, se mostró optimista de que se emita dictamen al finalizar el día, para poder sesionar la próxima semana. Sin embargo, no es tarea fácil para el oficialismo en el Senado arribar a un dictamen rápido por la cantidad de cambios que se han propuesto desde diversos bloques. Por el contrario, todo indica que en el mejor de los casos puedan conseguirlo el jueves.
Durante la jornada del lunes, los representantes sindicales Héctor Daer y Hugo Yasky cuestionaron la reforma laboral que propone el proyecto, mientras que los referentes de las PyMEs criticaron el RIGI y pidieron que “no se destruya la industria nacional”, al tiempo que hicieron propuestas de modificación. También hubo referencias a la cuestión presupuestaria en materia de educación que no está contemplada en ninguno de los dos proyectos.
Los oradores
El primer expositor fue el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez quien resaltó la división de poderes y el principio republicano y comentó que en 1994 “se intentó limitar constitucionalmente el hiperpresidencialismo y reforzar el rol del Congreso”. Así, precisó que la delegación legislativa funciona si se cumplen con los requisitos previstos en el artículo 76 de la Constitución”.
El abogado señaló que “las bases establecidas deben ser claras, concretas, precisas, no pueden ser indeterminadas, vinculadas a la situación de emergencia que se quiere superar. Si no se cumple con estos requisitos o la ley es inconstitucional o los DNU serán declarados inconstitucionales”, y advirtió que “hay determinadas materias que no deben ser delegadas”.
“Si uno analiza el artículo 2 inciso a y b estamos lejos de cumplir con los estándares constitucionales y jurisprudenciales que conducen y determinan al instituto. La base del artículo 2 habla de habilitar la delegación legislativa para facilitar una mayor eficiencia y gestión del Estado en aras del bien común, es una base amplia e indeterminada que no está vinculada a un fin constitucionalmente previsto. Siempre se lo usó para limitar derechos, no para ampliarlos”, planteó.
Gil Domínguez señaló que hay una contradicción porque, por un lado, hay una delegación en materia administrativa, pero por el otro lado, se declara la emergencia administrativa “hay una doble delegación sobre la misma materia”. “Hay otros problemas en el resto del articulado”, precisó y cerró que “la delegación legislativa que se propone lo que implica es una habilitación al Poder Ejecutivo para que pueda hacer una reforma constitucional encubierta de lo que es el orden socioeconómico previsto en la Constitución y en los Tratados Internacionales”. En ese sentido, precisó que eso se ve explícito en el artículo 162 del RIGI y propuso que establezcan que “todos los decretos delegados deben ser aprobados en el plazo de 30 o 60 días para el Congreso y de no ser aprobados, serán rechazados”.
En segundo lugar, Guillermo Baudino (INTI Regional NOA) defendió al Instituto Nacional de Tecnología Industrial e indicó que “es una institución del Estado, federal e integrada”.
Asimismo, agregó que “permite tener un patrón de ensamble de todas las piezas que se fabrican en el país, controla todas las balanzas de exportación del país y el sello del INTI garantiza que se cargue un litro de nafta y sea un litro y no tres cuartos”.
